Abuso en Parqueaderos Judiciales. Un abuso legalizado contra los Ciudadanos
En Colombia, y especialmente en Bogotá, se está cometiendo un abuso descarado contra los ciudadanos que, por diferentes razones, enfrentan un embargo vehicular. Lo que comienza como una deuda con una entidad financiera o bancaria termina convirtiéndose en un verdadero viacrucis, donde recuperar un vehículo embargado puede costar más de ocho millones de pesos en tarifas de parqueadero.
Junto con el Concejal Daniel Briceño, hemos venido denunciando esta situación y alertando sobre las irregularidades en los parqueaderos judiciales. Nos hemos encontrado con historias de ciudadanos que, después de ponerse al día con sus pagos y recibir la orden judicial para retirar su vehículo, descubren que deben pagar sumas exorbitantes por el tiempo que el automóvil estuvo inmovilizado.
¿Cómo opera este abuso?
Cuando un ciudadano se atrasa en sus cuotas, su vehículo es embargado y trasladado a un parqueadero autorizado por la justicia. El problema es que, aunque la deuda con el banco ya ha sido pagada y el juzgado emite la orden de entrega, recuperar el vehículo se convierte en una pesadilla.
Hemos visto casos en los que, tras apenas dos meses de espera, los propietarios deben pagar más de ocho millones de pesos en cobros de parqueadero, cuando la tarifa mensual de un estacionamiento en Bogotá rara vez supera los $300.000 a $800.000 pesos.
El motivo de estos cobros excesivos es que los parqueaderos aplican tarifas por minuto, lo que dispara los costos sin ningún tipo de control. Pero lo más grave es que estos establecimientos ni siquiera están regulados ni registrados ante el Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura se lavó las manos
En lugar de proteger a los ciudadanos y establecer reglas claras, el Consejo Superior de la Judicatura derogó su propia resolución en 2024, dejando a los afectados sin ningún respaldo legal.
Esto ha creado un vacío normativo que permite que ciertos parqueaderos impongan cobros abusivos sin justificación alguna. Y lo peor es que, cuando los ciudadanos intentan buscar ayuda, las entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio simplemente ignoran las quejas o no ofrecen soluciones reales.
Llamado a la justicia y a las autoridades
Junto con Daniel Briceño, hemos hecho un llamado enérgico a la Rama Judicial y a las entidades administrativas para que pongan fin a esta práctica abusiva.
«Ustedes están investidos por la Constitución para hacer justicia, para proteger al ciudadano, no para clavarlo», manifestó Briceño en nuestra denuncia pública.
Por mi parte, insisto en que es urgente que las instituciones de control investiguen y tomen medidas inmediatas para evitar que estos abusos sigan ocurriendo. No podemos permitir que la justicia se convierta en un obstáculo adicional para quienes simplemente buscan cumplir con sus obligaciones.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos?
Si has sido víctima de estos cobros abusivos en parqueaderos judiciales, no te quedes en silencio. Aquí algunas acciones que podemos tomar para enfrentar esta injusticia:
- Radicar quejas formales ante entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá.
- Denunciar públicamente estos abusos en redes sociales y medios de comunicación para generar presión ciudadana.
- Solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo para que actúe en defensa de nuestros derechos.
- Revisar las tarifas autorizadas y exigir transparencia en los cobros, con el respaldo de abogados especializados en estos procesos.
Estos cobros desproporcionados son una muestra clara de las fallas estructurales en la administración de justicia y en la regulación económica del país. Es momento de alzar la voz y exigir cambios reales. ¡No podemos seguir permitiendo estos atropellos!
📢 Comparte esta información y ayúdanos a hacer presión para que este abuso termine de una vez por todas.
📲 Síguenos en redes sociales para más información y actualizaciones sobre esta denuncia:
🔹 Daniel Briceño:
🔹 Fernando Basto Correa:
