Consulté el informe del Ministerio de Defensa sobre indicadores de seguridad y resultados operacionales. Las cifras son alarmantes y exigen un análisis serio y responsable. Pero al final, lo que más sorprende no es solo el deterioro en casi todos los frentes, sino la incoherencia del gobierno nacional frente a esta realidad.
Vamos a los datos, comparando el primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2024:
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Homicidio intencional aumentó un 3 %.
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Secuestro total creció un 12 % en casos y un 53 % en número de víctimas.
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Secuestro extorsivo se disparó en un 115 %.
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Actos de terrorismo aumentaron un 10 %, y terrorismo contra infraestructura subió un 52 %.
En cuanto al narcotráfico:
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Aunque la incautación de cocaína aumentó un 10 %,
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la incautación de insumos sólidos bajó un -54 %,
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la de insumos líquidos cayó en -34 %,
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la de aeronaves del narcotráfico bajó -30 %,
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y la de embarcaciones en -39 %.
En términos de desmovilización y sometimiento, también hay retrocesos:
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Desmovilizados del ELN disminuyeron en -4 %.
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Sometimientos individuales cayeron en -36 %.
Y aquí viene uno de los indicadores más tristes y dolorosos:
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Miembros de la fuerza pública asesinados en actos del servicio aumentaron en un 136 %.
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Heridos en servicio subieron en un 85 %.
Esto incluye agentes, auxiliares, soldados, suboficiales, oficiales y personal del nivel ejecutivo. Una tragedia nacional que debería estar generando un giro urgente en política de seguridad.
Pero en vez de concentrarse en mejorar estos indicadores y proteger a nuestros soldados y policías, el gobierno nacional decide enviar 1.000 soldados y 50 agentes a Haití a entrenar tropas extranjeras. Mientras Colombia se desangra, Petro exporta doctrina, sin resolver ni siquiera lo básico en casa.
¿Qué clase de prioridades son esas? ¿Cómo puede llamarse «gobierno del cambio» uno que abandona a su Fuerza Pública, ignora los indicadores, permite el avance del crimen organizado y decide jugar a ser potencia regional sin garantizar seguridad propia?
No es solo cinismo. Es una traición al deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Este mal llamado “gobierno del cambio” no solo ha fracasado en seguridad: ha dejado claro que sus prioridades están donde no deberían estar.
