El Debate del Salario Mínimo en Colombia. ¿Es Hora de Repensar el Modelo?
Cada año en Colombia, el debate sobre el salario mínimo se convierte en un espectáculo recurrente. Desde que tengo memoria, este proceso sigue el mismo guion: centrales obreras que buscan proteger los derechos de los trabajadores, empresarios que alegan las dificultades económicas, y un gobierno que intenta mediar entre las partes. Sin embargo, pese a la constante repetición de esta dinámica, aún estamos lejos de encontrar soluciones creativas o estructurales que resuelvan los problemas de fondo.
El salario mínimo, por definición, debería ser una herramienta para garantizar condiciones dignas a los trabajadores. Sin embargo, el modelo actual no considera las realidades diversas del país. Por ejemplo, no es lo mismo establecer un salario mínimo uniforme para ciudades como Bogotá o Medellín, que para regiones intermedias o rurales, donde los costos de vida y las capacidades productivas son notablemente diferentes. Esto no es una propuesta nueva, pero parece que año tras año sigue ignorándose.
Salarios Regionales: Una Alternativa Necesaria
La idea de salarios mínimos diferenciados por regiones debería ser una prioridad en el diseño de políticas laborales. Bogotá y Medellín, como grandes centros urbanos, tienen costos de vida significativamente más altos que ciudades intermedias como Manizales o Montería, y ni hablar de municipios rurales. Un salario mínimo que funcione para la capital puede ser insostenible para una empresa en un municipio pequeño, y al mismo tiempo, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador en la ciudad.
Además, esta diferenciación debería ir acompañada de un análisis profundo de la capacidad económica de los empleadores. No es justo aplicar las mismas reglas a una multinacional con recursos suficientes para absorber aumentos salariales, que a una microempresa que lucha por sobrevivir. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan la mayoría de los empleos en Colombia, son las más afectadas por estas decisiones, pues los costos asociados al salario mínimo no se limitan al pago directo del trabajador.
El Verdadero Costo del Empleo
El salario mínimo en 2025 se fijó en $1’423.500, con un auxilio de transporte de $200.000, para un total nominal de $1’623.500. Sin embargo, este es solo el punto de partida. Los empleadores también deben asumir costos adicionales como aportes a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, y otros parafiscales, que elevan el costo mensual por empleado a $2’417.403. Esto sin incluir gastos indirectos como trámites notariales, impuestos, y pagos a entidades como la Cámara de Comercio, Sayco Acinpro, o contribuciones a bomberos.
Para una multinacional, estos costos pueden ser absorbidos sin mayor problema, pero para un pequeño negocio, como una tienda de barrio o un puesto de flores, representan una carga que pone en riesgo su sostenibilidad. Aquí es donde las políticas públicas deben jugar un papel más activo. ¿Por qué no acompañar los aumentos salariales con medidas que alivien las cargas tributarias y burocráticas para las micro y pequeñas empresas? Por ejemplo, reducir costos asociados a trámites legales o exonerar ciertos impuestos podría generar un equilibrio más justo para estos actores.
Falta de Propuestas a Largo Plazo
Año tras año, el proceso de negociación del salario mínimo parece limitarse a discusiones cortoplacistas. Se realizan mesas de trabajo que, aunque necesarias, no abordan las raíces del problema. No se presentan estudios serios ni análisis que permitan tomar decisiones informadas para el mediano y largo plazo. En cambio, el proceso suele culminar con el gobierno imponiendo un decreto que, aunque cumple con los requisitos legales, no resuelve las tensiones estructurales entre trabajadores y empleadores.
Esta falta de visión estratégica afecta no solo a los trabajadores y empresarios, sino también a la economía del país en general. Un salario mínimo que no se adapte a las realidades regionales y sectoriales genera inequidades, fomenta la informalidad y limita el crecimiento económico. Por otro lado, no considerar los desafíos de las empresas más pequeñas desincentiva la generación de empleo formal, que es crucial para el desarrollo sostenible.
Un Camino Hacia la Innovación en Políticas Laborales
Es hora de que el debate sobre el salario mínimo en Colombia evolucione. No podemos seguir atascados en un modelo que genera más conflictos que soluciones. Algunas ideas que podrían marcar una diferencia incluyen:
- Salarios mínimos regionales: Ajustar el salario mínimo según las condiciones económicas y de vida de cada región.
- Diferenciación por tamaño de empresa: Crear categorías específicas para grandes empresas y microempresas, con reglas ajustadas a su capacidad económica.
- Reducción de cargas tributarias para microempresarios: Implementar incentivos fiscales y simplificar trámites para aliviar la carga de las pequeñas empresas.
- Fomento al empleo formal: Crear programas que incentiven la formalización laboral, como subsidios temporales o reducciones en aportes para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo.
- Estudios y análisis serios: Basar las decisiones en investigaciones detalladas que evalúen el impacto económico y social de las políticas salariales.
Un Futuro Más Justo para Todos
El salario mínimo debe ser más que un número decretado cada diciembre. Debe convertirse en una herramienta de desarrollo económico y justicia social que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, las centrales obreras y los empresarios trabajen juntos en la construcción de soluciones innovadoras y sostenibles. Solo así podremos superar el espectáculo repetitivo que hemos vivido por décadas y construir un futuro más equitativo para todos.
Fernando Basto C.
