Hambre Cero: una promesa que no se ha servido en la mesa
En diciembre de 2022, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció con fuerza un “plan de choque contra el hambre” que incluiría transferencias directas de $500.000 a 2 millones de hogares pobres. Fue una de las promesas más simbólicas del inicio de su mandato, planteada como una medida urgente para aliviar la pobreza extrema.
Hoy, casi tres años después, la realidad es muy distinta. Una solicitud de información oficial hecha mediante derecho de petición revela que durante 2022 no se ejecutó ni un solo peso para dicho plan, y que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) no realizó ninguna transferencia bajo ese concepto en diciembre de ese año. La razón: la iniciativa fue anunciada desde la Presidencia (DAPRE), pero no tenía ficha presupuestal ni operación real.
Durante 2023, el panorama no mejoró. Aunque se formuló una ficha de inversión bajo el código 2023000000000178 para estructurar el programa Hambre Cero, no se ejecutaron recursos durante ese año. La estrategia fue trasladada al nuevo Ministerio de Igualdad, creado ese mismo año, y en la práctica el programa quedó en una especie de limbo institucional.
Solo en 2024 se logró reformular el proyecto con el apoyo técnico del DNP y se estableció una meta de 142.459 hogares beneficiarios y un presupuesto asignado de $40.000 millones. Sin embargo, en lo corrido del año 2025, el nuevo componente de implementación —con presupuesto de $55.000 millones— sigue en fase precontractual. Es decir, a mayo de 2025 no se ha beneficiado formalmente a un solo hogar.
Este contraste entre el anuncio inicial de alivio inmediato y la tardía ejecución del programa plantea serias dudas sobre la planeación gubernamental. No se trata solo de un problema de tiempos o de trámites. Se trata de una promesa incumplida que afecta la credibilidad del Estado, especialmente cuando se juega con la expectativa de millones de colombianos que viven con hambre real, no simbólica.
La dimensión del problema es aún mayor si consideramos que el gobierno ha usado el programa como parte de su narrativa de justicia social y redistribución. Pero en la práctica, el tiempo ha pasado, la burocracia ha reinado y el hambre sigue. Y eso pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cuánto vale una promesa si no tiene ejecución, ni planeación, ni resultados?
Mientras los recursos descansan en una ficha de inversión sin aterrizar, los hogares vulnerables siguen esperando el “alivio inmediato” prometido. La política pública no puede seguir basándose en anuncios sin sustento, en titulares sin ejecución, ni en estrategias improvisadas que se construyen sobre la marcha.
Una reflexión ciudadana
Este caso demuestra la importancia de ejercer control ciudadano. Gracias a una herramienta constitucional como el derecho de petición, es posible desmentir, con documentos oficiales, promesas que se quedaron solo en discursos. La ciudadanía debe apropiarse de estas herramientas, exigir rendición de cuentas y no conformarse con lo que se dice desde el poder.
La lucha contra el hambre exige seriedad, planificación real y ejecución efectiva. De lo contrario, lo único que estaremos alimentando es la desconfianza y la frustración.