¿Vago, mediocre o cómplice? El Congreso que dejó intactas las grandes puertas de la corrupción
Por Fernando Basto Correa
El próximo 20 de julio se instalará un nuevo Congreso de la República. Volveremos a escuchar discursos sobre renovación, transparencia, defensa de las instituciones y compromiso con Colombia. Sin embargo, antes de pasar la página, considero indispensable examinar qué hizo realmente el Congreso que se posesionó en 2022 para combatir uno de los problemas más graves del país: la corrupción.
Para responder esta pregunta revisé las leyes aprobadas durante el cuatrienio, los proyectos que avanzaron parcialmente, las iniciativas que terminaron archivadas y los balances elaborados por organizaciones como Transparencia por Colombia. El resultado obliga a introducir un matiz: no es completamente cierto que el Congreso no haya hecho absolutamente nada, pero tampoco existe evidencia para afirmar que lideró una transformación estructural contra la corrupción.
Durante estos cuatro años fueron aprobadas algunas disposiciones puntuales relacionadas con transparencia, acceso a la información y control fiscal. No obstante, el Congreso saliente no logró producir, por iniciativa propia, una gran reforma anticorrupción que modificara de manera sustancial las reglas de prevención, investigación y sanción. Por eso, la pregunta resulta inevitable: ¿este Congreso fue vago, mediocre o simplemente no quiso cerrar las puertas de un sistema del cual también se benefician numerosos intereses políticos?
¿Qué investigué y cómo se documentó este balance?
Este análisis no se construyó a partir de la cantidad de discursos pronunciados ni de los proyectos anunciados en ruedas de prensa. El criterio utilizado fue mucho más exigente: establecer cuáles iniciativas completaron su trámite, se convirtieron en normas vigentes y produjeron herramientas concretas para combatir la corrupción.
La investigación se concentró en cinco aspectos fundamentales:
- Las leyes aprobadas entre el 20 de julio de 2022 y el 16 de julio de 2026.
- El origen real de cada iniciativa: Congreso, Gobierno nacional, rama judicial o compromisos internacionales.
- Las disposiciones específicas relacionadas con transparencia, control fiscal y prevención de la corrupción.
- Las reformas estructurales que fueron archivadas, retiradas o quedaron pendientes.
- El estado de implementación de las normas que sí alcanzaron a ser sancionadas.
Para desarrollar este balance se consultaron fuentes del Senado, la Cámara de Representantes, la Corte Constitucional, Función Pública, Presidencia de la República y Transparencia por Colombia. Esta distinción es importante porque radicar un proyecto no equivale a aprobarlo, superar un debate no significa convertirlo en ley y anunciar una reforma tampoco garantiza que produzca resultados.
785 proyectos y apenas el 7,1 % relacionado con la corrupción
Una de las cifras más reveladoras corresponde a la legislatura 2023-2024. Durante ese periodo se presentaron 785 nuevos proyectos de ley, pero solamente 56, equivalentes al 7,1 %, tenían algún potencial de impacto sobre la lucha contra la corrupción, de acuerdo con Transparencia por Colombia.
Incluso esta cifra debe interpretarse cuidadosamente. Los 56 proyectos identificados no eran necesariamente iniciativas destinadas a combatir la corrupción. Algunos fueron incluidos porque fortalecían determinados procesos administrativos, contenían disposiciones sobre transparencia o, por el contrario, podían generar nuevos riesgos de corrupción.
A estos 56 proyectos se sumaron otros 14 que venían avanzando desde momentos anteriores del trámite legislativo. De los 70 expedientes analizados por Transparencia por Colombia, el 39 % logró superar el primer debate y apenas el 21 % alcanzó a pasar a la otra cámara. Buena parte de las iniciativas quedó atrapada en el segundo debate, uno de los principales puntos de estancamiento del proceso legislativo. Consultar el balance de Transparencia por Colombia
La conclusión no es que al Congreso le hayan faltado proyectos. Lo que faltó fue voluntad para priorizarlos, construir consensos y llevarlos hasta su aprobación definitiva. Radicar una iniciativa permite obtener titulares, grabar videos y presentarse ante la ciudadanía como enemigo de la corrupción. Convertirla en una ley eficaz exige trabajo legislativo, conocimiento técnico y disposición para enfrentar a quienes se benefician de las reglas actuales.
¿Qué avances pueden reconocerse?
Un balance serio y objetivo debe reconocer que durante el cuatrienio se aprobaron algunas normas con disposiciones relacionadas con transparencia, acceso a la información y vigilancia de los recursos públicos. Sin embargo, ninguna de ellas constituyó una reforma anticorrupción autónoma y estructural liderada por el propio Congreso.
- Ley 2272 de 2022: incorporó obligaciones de publicidad sobre la contratación vinculada con los procesos y acuerdos de paz.
- Ley 2273 de 2022: aprobó el Acuerdo de Escazú y fortaleció el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.
- Ley 2278 de 2022: permitió mantener la capacidad operativa de la Contraloría para ejercer control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías durante el bienio 2023-2024.
- Ley 2294 de 2023: mediante el Plan Nacional de Desarrollo, ordenó formular una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Estas disposiciones representan avances parciales y sería incorrecto desconocerlas. El problema es que sus objetivos centrales eran otros: la política de paz, la protección ambiental, la continuidad administrativa del control fiscal y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Además, la mayoría surgió por iniciativa del Gobierno nacional, de otras instituciones o de compromisos internacionales, no como resultado de una agenda anticorrupción diseñada y liderada por el Legislativo.
La Ley 2294 de 2023, por ejemplo, incluyó en su artículo 200 la formulación de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción con componentes como protección al denunciante, acceso a la información, veeduría ciudadana y transparencia contractual. No obstante, se trató de un mandato programático incluido en un proyecto de iniciativa gubernamental. La construcción e implementación efectiva de la estrategia quedó nuevamente en manos del Ejecutivo. Consultar la Ley 2294 de 2023 en Función Pública
Por eso, la conclusión técnicamente correcta no es que durante cuatro años se haya aprobado absolutamente nada. La conclusión es que se produjeron avances sectoriales y fragmentarios, pero no una reforma capaz de cambiar las estructuras que permiten la reproducción de la corrupción en Colombia.
La Ley Jorge Pizano: una advertencia que casi nadie quiso escuchar
La protección a los denunciantes es una de las mayores deudas del Estado colombiano. Se les pide a los ciudadanos y funcionarios que denuncien, pero quienes se atreven a hacerlo pueden enfrentar despidos, persecuciones, amenazas, procesos judiciales y graves riesgos para su seguridad, sin contar con un sistema integral que los proteja.
La denominada Ley Jorge Pizano buscaba crear mecanismos de confidencialidad, protección laboral, acompañamiento institucional y medidas contra las represalias sufridas por quienes reportaran posibles hechos de corrupción. Era una de las pocas iniciativas del periodo con capacidad para producir un cambio estructural y responder a una necesidad reconocida internacionalmente.
El proyecto avanzó en la Cámara de Representantes y llegó a ser aprobado en dos debates. Sin embargo, no completó su trámite dentro de los plazos legislativos y terminó archivado. Posteriormente fue presentado nuevamente, pero llegó al cierre del Congreso saliente sin convertirse en ley vigente.
Hice seguimiento público a esta iniciativa y fui una de las pocas voces que advirtió oportunamente que la Ley Jorge Pizano había terminado archivada. Mientras gran parte del país continuaba creyendo que el proyecto avanzaba con normalidad, expliqué que el Congreso había permitido que se vencieran los tiempos sin culminar su aprobación.
También realicé seguimiento mediante mis contenidos y ejercicios de opinión, porque no se trataba de un proyecto cualquiera. La protección a denunciantes forma parte de los compromisos internacionales asumidos por Colombia y constituye una herramienta indispensable para detectar redes de corrupción que difícilmente pueden conocerse sin información proveniente del interior de las instituciones.
El archivo de esta ley resume buena parte del comportamiento del Congreso saliente: se anunció una iniciativa importante, se aprobaron algunos debates, se publicaron declaraciones de respaldo y, finalmente, se permitió que muriera por falta de trámite. Después fue necesario comenzar nuevamente un proceso que tampoco alcanzó a concluir antes del cambio de Congreso.
Lobby, financiación política y fondos públicos: las puertas que permanecieron abiertas
La protección a denunciantes no fue la única reforma estructural que quedó pendiente. El Congreso tampoco logró regular integralmente el cabildeo, transformar la financiación de las campañas ni establecer controles suficientemente estrictos sobre ciertos fondos públicos sometidos a altos niveles de discrecionalidad.
Colombia continúa sin un sistema robusto que permita saber quién se reúne con funcionarios y congresistas, qué intereses representa y sobre cuáles decisiones públicas pretende influir. Regular el lobby no significa impedir que empresarios, organizaciones sociales o sectores económicos defiendan sus intereses. Significa garantizar que esa influencia no se ejerza en la oscuridad.
La financiación política representa otra deuda fundamental. Una parte de la corrupción comienza antes de que los funcionarios lleguen al poder, cuando campañas costosas generan compromisos con financiadores, intermediarios y grupos interesados en recuperar posteriormente sus aportes mediante contratos, nombramientos o decisiones públicas. A pesar de esta realidad, la reforma política presentada durante el cuatrienio perdió sus principales elementos y terminó retirada.
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres también evidenció los riesgos de administrar grandes cantidades de recursos mediante fondos y mecanismos con controles insuficientes. Las investigaciones involucraron, mediante señalamientos que deberán ser resueltos por la justicia, a altos funcionarios y miembros del Congreso, incluidas las presidencias de ambas cámaras durante 2024.
Ni siquiera un escándalo de esa magnitud produjo una reforma estructural sobre los fondos extrapresupuestales, la publicidad contractual y la trazabilidad de los recursos. Cuando las puertas que facilitaron un posible entramado de corrupción permanecen abiertas después del escándalo, la pregunta ya no puede limitarse a la ineficiencia: también debemos preguntarnos a quién beneficia que las reglas no cambien.
La rendición de cuentas tampoco alcanzó a quedar plenamente vigente
Una de las iniciativas que más avanzó fue el proyecto estatutario que buscaba obligar a congresistas, diputados, concejales y ediles a rendir cuentas sobre su gestión. La propuesta establecía la presentación de información sobre proyectos, proposiciones, debates de control político, viajes y demás actividades desarrolladas durante el ejercicio del cargo.
El proyecto fue aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-028 de 2026. La Corte avaló la mayor parte del articulado, aunque declaró inconstitucionales algunas disposiciones relacionadas con acceso a medios y asignación de recursos. Consultar la Sentencia C-028 de 2026
Sin embargo, al 16 de julio de 2026 no existía evidencia oficial suficiente de que el procedimiento posterior al fallo hubiese concluido y la norma hubiera quedado sancionada y plenamente vigente. El Congreso llegó así al final de su periodo sin cerrar completamente ni siquiera una ley destinada a que sus propios integrantes explicaran públicamente qué hicieron durante los cuatro años para los cuales fueron elegidos.
¿Fue un Congreso vago, mediocre o cómplice?
No todos los congresistas son corruptos y sería injusto desconocer el trabajo de quienes presentaron proyectos, realizaron debates y defendieron iniciativas importantes. Sin embargo, una institución debe evaluarse por sus resultados colectivos y no únicamente por las buenas intenciones individuales de algunos de sus miembros.
Después de cuatro años, el balance muestra que:
- No quedó vigente una protección integral para los denunciantes de corrupción.
- No se aprobó una regulación estructural del cabildeo.
- No se transformó de fondo la financiación de las campañas políticas.
- No se fortaleció integralmente la independencia de los organismos de control.
- No se estableció un régimen general más estricto para los fondos extrapresupuestales.
- No se produjo una gran reforma autónoma para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
Transparencia por Colombia ha identificado barreras persistentes como la falta de voluntad política, la inclusión de disposiciones favorables a intereses particulares y la desconexión entre las normas aprobadas y las causas estructurales de la corrupción.
Un Congreso puede equivocarse en una iniciativa, quedarse sin tiempo en un proyecto o fracasar por falta de consensos frente a una reforma específica. Pero cuando durante cuatro años las principales transformaciones anticorrupción terminan sistemáticamente archivadas, retiradas o incompletas, hablar únicamente de ineficiencia puede resultar demasiado generoso. La mediocridad institucional comienza entonces a parecerse peligrosamente a la conveniencia política.
El nuevo Congreso no puede recibir otro cheque en blanco
El próximo Congreso no debería ser evaluado por la cantidad de proyectos que radique ni por el número de discursos pronunciados contra la corrupción. Tendrá que ser medido por las reformas que consiga aprobar, reglamentar e implementar efectivamente.
La próxima agenda legislativa debería comenzar con la protección integral a denunciantes, la regulación del cabildeo, la transparencia de la financiación política, el control de los fondos públicos y la utilización de tecnología para detectar sobrecostos, concentración contractual y posibles redes de colusión.
Colombia no necesita cientos de proyectos destinados a llenar archivos, producir titulares o alimentar campañas políticas. Necesita un grupo concreto de reformas fuertes que lleguen hasta la sanción y generen herramientas capaces de proteger el dinero público.
El balance del Congreso 2022-2026 no consiste en afirmar que no hizo absolutamente nada. La realidad es mucho más incómoda: aprobó algunos avances pequeños y sectoriales mientras dejó intactos los grandes mecanismos que permiten que la corrupción continúe reproduciéndose.
Cuando quienes tienen el poder constitucional de cambiar las reglas deciden no hacerlo durante cuatro años, los ciudadanos tenemos todo el derecho de preguntar si fueron vagos, mediocres o cómplices de un sistema que prefirieron no tocar.